APERTURA AÑO JUDICIAL 2011

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DISCURSO DE APERTURA AÑO JUDICIAL 2011

PODER JUDICIAL: TRANSFORMACIÓN E INDEPENDENCIA



En nombre de la Suprema Corte de Justicia quiero darles las gracias por honrarnos con su presencia en este acto de Apertura del año Judicial 2011; la que entendemos como un fuerte respaldo al estado de derecho, a las instituciones de la República y, a la vez, una renovación de nuestro compromiso con la comunidad.

Quisiera, antes de comenzar esta reflexión sobre lo que hemos hecho desde el Poder Judicial en el año 2010 y lo que tenemos planeado para el 2011, agradecer profundamente al señor Intendente quien nos ha abierto las puertas para que podamos realizar el acto desde esta ciudad de San Martín, cabecera de la Tercera Circunscripción Judicial.

Esta es la segunda vez que realizamos un acto de Apertura fuera de la Ciudad Capital, el año pasado lo hicimos en San Rafael. Esto tiene un sentido dentro de la política de descentralización que nos fijamos desde el Superior Tribunal como uno de los ejes del proceso de transformación iniciado hace unos años atrás. Este será un año muy importante para la Tercera Circunscripción Judicial. Se pondrá en funcionamiento una nueva forma de trabajar en materia de investigación de los delitos con la inminente implementación del Código Procesal Penal IV etapa y esperamos, antes de fin de año poder trasladar nuestras dependencias al nuevo edificio que se está construyendo en esta ciudad de San Martín.

Aprovecho la ocasión para agradecer nuevamente a los señores Intendentes de las comunas de Rivadavia y Junín, como lo hice la semana pasada con oportunidad de poner en funcionamiento el Juzgado de Familia con asiento en Rivadavia y competencia en ambos departamentos, y a los Intendentes de La Paz y Santa Rosa, departamentos a los que nos hemos acercado con nuestros servicios de Registro Público, de conectividad informática y con la ampliación de la competencia de los tribunales de paz.

El año pasado cuando presentamos nuestro plan de gestión para el período 2009-2011, dijimos que centraríamos nuestro accionar en cuatro palabras claves: descentralización, profesionalización, gestión de calidad y transparencia. Retomamos esos ejes programáticos para reflexionar sobre lo que hemos hecho desde el Poder Judicial y lo que tenemos proyectado hacer.

En el año 2010, año en que la Junta Federal de Cortes, a través de sus estadísticas oficiales, corroboró que es la provincia de Mendoza la que posee el récord de superar a todo el país en cantidad de juicios iniciados, ingresaron a los Tribunales de la Provincia de Mendoza 394.750 (TRESCIENTAS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTAS CINCUENTA) causas, lo que equivale a 1 (una) causa nueva por año por cada 4 (cuatro) habitantes de la provincia.

Se trabajó con un presupuesto muy acotado. Sin perjuicio de ello pudimos cumplir con el compromiso asumido de acercar la justicia a los ciudadanos.

DESCENTRALIZACIÓN

El proceso de descentralización no ha sido fácil. A la dificultad para conseguir los recursos humanos, se sumaron dificultades de infraestructura. Nos ha costado mucho conseguir inmuebles para alojar a los nuevos juzgados de Familia.

Un juzgado de Familia es una unidad que por la complejidad del tema que aborda rompe el esquema tradicional. Debe, necesariamente, estar conformada con un equipo multidisciplinario. Un inmueble debe prever esta situación, es decir, además de las oficinas propiamente judiciales en donde trabajan el juez y sus colaboradores hay que contemplar un espacio físico para el trabajo de mediadores y para el equipo del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario conformado por profesionales de las ciencias médicas, psicológicas y del trabajo social. A pesar de las adversidades mencionadas, hemos puesto en marcha el Juzgado de Familia de Rivadavia, con competencia también en Junín, y estamos en condiciones de anticipar que antes de mitad de año estarán plenamente operativos los juzgados de familia de Godoy Cruz y de Las Heras. Estamos implementando los medios para, antes de fin de año, hacer lo propio con los Juzgados proyectados en los departamentos de Guaymallén, Luján de Cuyo y Maipú.

Otro importante aspecto de nuestra política fue la descentralización del servicio de mediación. Hoy nuestros mediadores atienden en prácticamente toda la Provincia facilitando a las personas esa instancia de solución alternativa de los conflictos que ha demostrado gran operatividad y eficiencia. No todos los que concurren a nuestros tribunales tienen necesariamente que obtener un juicio y una sentencia. Es posible, y debemos propiciar al máximo, la solución consensuada –además de inmediata y gratuita- de los conflictos.

Hemos cumplido con el objetivo de acercarnos a nuestros comprovincianos y de facilitar el acceso a la justicia con nuestro móvil judicial que ha recorrido toda la geografía de la Provincia con la inestimable colaboración de los Municipios, del Instituto Provincial de la Mujer y de los Colegios de Abogados y Procuradores quienes aportan los profesionales para asesorar gratuitamente a personas que de otra manera no tendrían acceso a los servicios de un abogado. Acabamos de incorporar la segunda unidad móvil que complementará y reforzará la tarea.

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Durante el año 2010, y en lo que va del 2011, hemos puesto en funciones a 41 magistrados en las cuatro circunscripciones garantizando de esta manera el principio constitucional del juez natural que debe entender en una causa desde el inicio hasta la finalización de la misma.

Asimismo es importante destacar que han comenzado a graduarse funcionarios y magistrados en nuestra carrera de Especialización y Maestría en Magistratura y Gestión Judicial que se imparte en conjunto con las universidades Nacional de Cuyo y de Mendoza. En ese marco se elaboran trabajos de investigación de máximo nivel científico sobre nuestra realidad judicial local que constituyen importantes aportes a nuestra preocupación de mejoramiento constante. Es una idea premiar el esfuerzo publicando los mejores trabajos y, lo que es más importante y útil, nos comprometemos a llevar esos contenidos teóricos a la práctica.

En lo que respecta al perfeccionamiento de empleados y funcionarios hemos desarrollado una plataforma de “aula virtual” aprovechando los recursos de internet que permite la capacitación desde cualquier lugar de la provincia, sin necesidad de trasladarse a la ciudad de Mendoza, ampliando de esta manera la capacitación tradicional.

La profesionalización a la que nos dirigimos resulta de esencial importancia si tenemos presente que nuestro recurso principal es el humano. El Poder Judicial no efectúa prestaciones materiales ni físicas. El Poder Judicial entrega incondicionadamente el esfuerzo calificado de su personal para lograr la solución de los conflictos sociales y económicos que son traídos a sus tribunales. De ahí la necesidad imprescindible de fortalecer su formación y capacitación específica.

GESTIÓN DE CALIDAD

El proceso de transformación, que fuera iniciado hace siete años durante la Presidencia del Dr. Jorge Nanclares, este año tiene una especial significación porque, sobre la base de los procesos de licitación pública que acabamos de terminar, suscribiremos los contratos de adquisición de sistemas de reingeniería de nuestros procedimientos y de equipamiento informático dentro del Programa de modernización que son financiados con préstamos que el Banco Mundial ha otorgado a nuestra provincia luego de un exhaustivo análisis y verificación de la calidad de nuestros proyectos.

El objetivo de desarrollo de los proyectos es el fortalecimiento de la gestión del Poder Judicial y de su Registro Público, creando condiciones adecuadas para obtener un mejoramiento sustancial del Servicio de Justicia, especialmente en lo referido a la celeridad de los procesos, y a una mayor transparencia de la información de los mismos, poniéndolas a disposición de los usuarios del sistema (ciudadanos, representantes, jueces, abogados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, etc.).

Con un fuerte y decidido protagonismo de los magistrados, funcionarios y personal intervinientes, hemos podido poner en funcionamiento el Segundo Tribunal de Gestión Judicial Asociada. Esta forma de trabajo, que consiste en generar una nueva estructura basada en modernos modelos de gestión, ha tenido muy buenos resultados y su evolución es observada con atención por otros Poderes Judiciales de nuestro país. Se ha reducido notablemente el tiempo de resolución y se ha ganado en seguridad al digitalizar la documentación, significando también un importante paso hacia la despapelización para dar lugar a la implementación de procesos orales y del expediente virtual.

Hace dos días el Tribunal de Gestión Judicial N° 1 ha obtenido la certificación de calidad bajo normas ISO 9001 sumándose a las certificaciones oportunamente obtenidas por las Salas I y II de la Suprema Corte de Justicia, el décimo primer juzgado en lo Civil Comercial y Minas, la Tercera Cámara del Trabajo y la Dirección de Informática.

En la Ciudad de San Rafael se han producido avances notorios en materia de oralización y digitalización de audiencias del proceso civil, también gracias al decidido liderazgo de uno de nuestros magistrados y al esfuerzo del personal de su juzgado.

Hemos continuado con la expansión a la totalidad de la provincia del servicio de notificación electrónica que ha sido una importante herramienta para reducir tiempo y papeles en los procesos. Hemos superado el millón de notificaciones.

Nuestro récord Nacional en cantidad de causas confiadas a nosotros por la sociedad mendocina nos impone una respuesta adecuada: continuaremos profundizando las transformaciones que nos han colocado también en ese rubro a la cabeza de los poderes judiciales del país y que se concentran en la gestión de los tiempos y en la velocidad de los procesos sin descuidar la calidad de las decisiones en sus contenidos de justicia. Sin perjuicio de ese esfuerzo de nuestra parte, pediremos e insistiremos ante los poderes políticos de la Provincia que nos acompañen con la asignación de los recursos económicos necesarios y con el dictado de los instrumentos legales que actualicen una normativa procesal de más de medio siglo sin modificaciones de importancia.

TRANSPARENCIA

Fuimos el primer Superior Tribunal de la Argentina en publicitar todas sus resoluciones en internet, al igual que lo hemos hecho con la decisiones administrativas, garantizando de esta manera el acceso plural y democrático al conocimiento de nuestra actividad, facilitando los controles a los que debemos estar sometidos todos los funcionarios públicos.

Este Poder Judicial es el único de los organismos públicos de Mendoza que, salvo caso específico de prohibición legal, permite el acceso pleno a cualquier habitante al conocimiento de la totalidad de los movimientos y contenidos de las resoluciones de sus expedientes en trámite. Esto facilita el más amplio de los controles que se quiera llevar a cabo sobre las decisiones de todos los niveles.

Seguimos siendo el único Poder del Estado al que se ingresa por concurso público y abierto a la carrera administrativa, a sus cargos jerárquicos y a todos los cargos judiciales de magistrados, mediante exámenes objetivos que garantizan la igualdad de oportunidades a todos los que sienten vocación por la actividad judicial en todos sus niveles. Desde 2006 a la fecha, han participado en nuestros concursos de aspirantes a empleados más de cuarenta mil inscriptos.

Además de la actuación constitucional del Consejo de la Magistratura para todos los magistrados, integrado por los tres Poderes del Estado mendocino, hemos contado con el señor Contador General de Provincia, el Asesor de Gobierno, el Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y numerosos profesores titulares de cátedras de nuestras universidades en la integración de nuestros jurados de concursos públicos abiertos para funcionarios jerárquicos.

INDEPENDENCIA

A las palabras claves que han marcado nuestra política, es decir a “descentralización”, “profesionalización”, “gestión”, y “transparencia” es hoy muy necesario agregar otra: “independencia”.

En estos tiempos, con críticas, a veces superadoras y otras oportunistas, y con mucho trabajo y espíritu nos empeñamos en la consolidación permanente del Poder Judicial como poder del Estado. Se han fijado metas concretas y realizables en plazos razonables. Trabajamos diariamente con la convicción de que un Poder Judicial fuerte e independiente es garantía de seguridad jurídica y de libertad de los ciudadanos.

El art. 12 de la Constitución de Mendoza dice que “El Gobierno de la provincia será dividido en tres poderes distintos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno de éstos podrá arrogarse, bajo pena de nulidad, facultades que no le estén deferidas por esta Constitución, ni delegar las que le correspondan”.

La Constitución nos ha encomendado una función judicial de garantía y aporte de solución a los conflictos. Nuestra respuesta en este terreno, siempre individual y para el caso concreto, a veces tiene consecuencias en el terreno político. Cabe recordar la respuesta orientadora de nuestros tribunales a la crisis de reglamentación de los lugares públicos de entretenimiento con motivo de la epidemia de gripe “A”. Es verdad que en muchas ocasiones se recurre a los estrados judiciales con temas propios de la política que se resuelven en el caso concreto, pero estas respuestas jamás alcanzan a producir como consecuencia un “gobierno de los jueces”.

La Constitución también nos ha encomendado funciones netamente políticas, de Alta Política del Estado mendocino. Son funciones políticas aquellas que nos otorgan la competencia para resolver los conflictos de los municipios entre ellos y los que se produzcan con los restantes poderes de la provincia. Cuando actuamos en ese terreno lo hacemos en ejercicio de las facultades que la propia constitución nos ha confiado. No se trata en estos casos de la “judicialización” de temas políticos que son ajenos; se trata del ejercicio de nuestras propias facultades constitucionales.

La Constitución también nos ha confiado expresamente otra función política que es la de conformar todos nuestros ministros de Corte, más el presidente del Senado de la provincia –el vicegobernador- y el presidente de la Cámara de Diputados, la Junta Electoral provincial. Función decisiva en estos tiempos que se avecinan, en que los mendocinos vamos a elegir nuestro octavo gobernador de la democracia en forma ininterrumpida. La Junta debe constituirse en garantía de la corrección y transparencia del proceso de elecciones de nuestras autoridades provinciales. Y para eso deberá desempeñarse con la máxima independencia.

El sistema republicano de gobierno implica la coexistencia de tres poderes independientes y en equilibrio. El Poder Judicial defenderá su independencia y exigirá el mayor respeto de parte de todos los sectores de la sociedad.

No contribuye a ese respeto que frente a cada solución que no coincida con sus intereses de parte, el sector afectado nos atribuya pertenencia a su competidor, a la oposición, o a cualquiera otra razón o intención necesariamente espurias. Tal como si no fuera posible el supuesto de que a la otra parte del diferendo pudiera asistirle algún grado de razón. Esta actitud supone en quien la manifiesta, un fuerte autoritarismo y un gran desprecio a los principios esenciales del régimen democrático; a la vez que una descalificación directa del instrumento que la Constitución ha establecido para esa misión.

Quienes integramos el Poder Judicial compartimos las mismas preocupaciones de las personas con quienes convivimos en nuestra comunidad, cometemos errores como todos y procuramos corregirlos con humildad.

Democracia implica participación pero también control. Las instituciones y los habitantes de la nación debemos aceptar los límites y los controles que la Constitución impone sobre nosotros.

El Poder Judicial, desde los tiempos de la Antigua Grecia, es el fruto de un acuerdo social, base esencial del régimen democrático, que ha necesitado un instrumento constitucional que sirva de última palabra, acertada o no, en los conflictos que se producen en la sociedad. Y es, en esa medida, imprescindible para la paz social y para el sistema político. Por ello abogamos para que la sociedad y los poderes políticos comprendan que un Poder Judicial fuerte es garantía de orden social, y que a un Poder Judicial eficiente se lo construye con trabajo, dedicación, vocación de servicio público pero también con recursos económicos y con respeto y colaboración de los otros poderes del Estado.

Es una feliz coincidencia que este año hayamos elegido el departamento de Gral. San Martín para iniciar formalmente el Año Judicial y que dentro de unos días, precisamente el 25 de febrero, se cumpla un nuevo aniversario del nacimiento del general don José de San Martín; por ello, y para finalizar, me gustaría recordar un fragmento de lo dicho por nuestro prócer, que fue ciudadano ilustre de esta comunidad, con motivo de su decisión de crear la Alta Cámara de Justicia de Lima el 4 de agosto de 1821, que constituye el antecedente remoto de la actual Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, en el que prometió que se abstendría de mezclarse "en el solemne ejercicio de las funciones judiciarias, porque su independencia es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo".

No quiero terminar sin agradecer a todo el personal de la Tercera Circunscripción, a las autoridades de su Colegio de Abogados y Procuradores y nuevamente a las autoridades comunales. También para saludar afectuosamente a nuestros empleados, funcionarios y magistrados que se han jubilado; para dar la más cordial bienvenida a quienes recientemente se han incorporado al Poder Judicial y para invitar a todos a que trabajemos, cada uno desde su lugar, haciendo lo que debemos hacer, por tener un Poder Judicial fuerte e independiente que esté a la altura de las expectativas y de la confianzaque nuestros comprovincianos han depositado y depositan en nosotros. A hacer un Poder Judicial fuerte e independiente, tal como lo pensó nuestro Libertador el General Don José de San Martín, repito, ciudadano ilustre de estas tierras, cuando creó la Alta Cámara a menos de treinta días de la entrada triunfal del Ejército Libertador en Lima.

Ciudad de Gral. San Martín, 10 de febrero de 2011.

 

Alejandro Pérez Hualde
Presidente
Suprema Corte de Justicia
Provincia de Mendoza