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Entrevista en Diaro UNO

SAN RAFAEL– El Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial intimó al Gobierno y a la Corte a resolver en 48 horas el conflicto que tiene paralizada a la Justicia. De lo contrario, presentará un recurso de amparo ante los organismos competentes.

La medida la tomó pasado el mediodía de ayer el directorio en pleno del Colegio, donde afirman que no es cierto que la Justicia esté funcionando con guardias mínimas, sino que está “absolutamente paralizada”.

El plazo dado vencerá el martes próximo, por lo que de no haber novedades el amparo se efectivizará el miércoles.

En diálogo con Diario Uno sobre el paro de más de 20 días, el presidente del Colegio de Abogados, Octavio Llorente, afirmó que “la realidad es que del Poder Judicial somos los principales damnificados, eso está por demás claro. Pero no solamente los abogados. Afectadas están todas aquellas personas vinculadas con la administración de justicia: los martilleros, contadores y escribanos, porque el paro incluye al Registro de la Propiedad del Inmueble, por lo cual todas las escrituras que se presentan y trámites de oficios judiciales están todos absolutamente paralizados”.

Llorente, hijo de Pedro, ex presidente de la Suprema Corte, añadió que “nos preocupa mucho a nosotros, porque una de las funciones del Colegio es garantizar el libre ejercicio de la profesión por parte de abogados y procuradores, y eso no se está dando en la provincia con este conflicto; sin entrar a tallar si el reclamo corresponde o no corresponde, lo que nosotros tenemos muy claro es que somos los principales damnificados. El abogado es el intermediario entre el cliente y la Justicia, o sea que directamente también se está afectando el derecho de las personas de acceder a la Justicia, donde están comprometidos su honor, su patrimonio y en algunos casos hasta su libertad”.

En cuanto a la conciliación obligatoria, Llorente consideró que no corresponde, ya que “de acuerdo con lo que nosotros hemos podido advertir con los especialistas que tenemos en derecho laboral en el Colegio, sabíamos que no la iban a acatar porque no procede para los empleados públicos. La conciliación obligatoria no la puede decretar el propio Estado, que terminaría siendo juez y parte. Entendemos que el camino correcto hubiese sido tratar de buscar un mediador o una tercera persona neutral, que les garantice imparcialidad a las partes del conflicto”.

El abogado desmintió que estén funcionando las guardias mínimas y alertó de que “tenemos muchísimos casos presentados por colegas donde se advierte que el abogado va a presentar el escrito judicial, lo reciben y pasa al sector que corresponde para que sea proveído, pero no sale más el proveído, no hay quién lo provea, por lo cual si eso es urgente se transforma en algo que no lo es más. Por otro lado, en los juzgados que no están las puertas abiertas, porque hay juzgados que tienen las puertas cerradas con llave, la opción que tenemos es ir y presentar los escritos en la Delegación de la Corte, pero también quedan presentados y no tienen ningún curso del trámite normal que deberían tener”.

Fuente: Diario UNO digital

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