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Octavio Llorente, el Presidente del Colegio de Abogados de San Rafael, en declaraciones que hizo a la radio FM 95.7, expresó su preocupación por la situación que se vive en Tribunales a raíz del paro que llevan adelante los empleados judiciales en reclamo de mejoras salariales.

Llorente dijo que la situación es muy grave, especialmente para el desempeño profesional de los abogados, porque la actividad está prácticamente detenida en el Palacio de la Justicia local, mientras se está dando una situación un tanto irregular que puede tener gravísimas consecuencias.

Es que de acuerdo a la información que maneja la Suprema Corte de la provincia, si bien el nivel de adhesión al paro es muy alto, no es absoluto, por lo tanto, desde el gremio se dice que están garantizadas guardias mínimas, con lo cual los días no dejan de ser considerados hábiles, y eso, en términos procesales, puede tener consecuencias graves.

“Se dice que los juzgados están funcionando, por que los que están parados son los empleados, no los jueces; pero la realidad es que las mesas de entradas no están recibiendo los escritos y tampoco se están proveyendo las medidas solicitadas por los profesionales, con lo cual los procesos están prácticamente detenidos, mientras los términos siguen corriendo”, explicó Llorente.

El Presidente del Colegio expresó que, respetando el derecho de los trabajadores a realizar sus reclamos, estima que todas aquellas audiencias o medidas que habían sido estipuladas con anterioridad a la materialización del paro, debieran ser atendidas por los empleados, para evitar perjuicios que, en términos procesales, pueden llegar a ser insalvables.

Respecto de los reclamos salariales en sí mismos, Llorente expresó que le parecen totalmente legítimos los reclamos gremiales y además explicó que es absolutamente razonable que se pidan regímenes diferentes para diferentes clases de empleados, “porque no todas las responsabilidades ni las habilidades requeridas para desempeñar las diferentes tareas judiciales son iguales. No es lo mismo la responsabilidad del encargado de una mesa de entrada que la del Secretario del mismo juzgado, por lo tanto, es justo que se consideren esas diferencias”, dijo.

En medio de toda esta situación, Llorente expresó otro problema que también termina incidiendo en el sistema y condiciona la situación, y es la asignación de recursos presupuestarios que hoy recibe el Poder Judicial.

“El Poder Judicial hoy maneja un presupuesto que importa el 3,8 o el 3,9% del Presupuesto General de la Provincia, y eso es lo más bajo que se ha asignado a la Justicia en la historia de Mendoza. No se puede pretender una Justicia del primer mundo con el 3% del Presupuesto. No es lógico ni razonable que uno de los tres poderes del Estado, funcione con el 3% del presupuesto general”, dijo categóricamente, y reclamó que el tema sea incluido en las próximas discusiones que se lleven adelante para elaborar futuros presupuestos.

“Tampoco se puede dejar de considerar que, si bien han tenido una actualización en sus haberes que ha generado controversia en algún sector de la sociedad, los jueces de Mendoza son de los que menos cobran en todo el país. Mendoza y Santa Fe, tienen los jueces peor pagos de todo el país”, dijo.

El tema del incremento del presupuesto para proveer a la Justicia, “no solamente debe ser para pagar sueldos”, dijo Llorente, “sino también para dar solución a otra numerosa clase de problemas que tiene la Justicia, entre ellas las cuestiones que tienen que ver con los edificios y la infraestructura”.

Finalmente, expresó su pesimismo respecto de la posibilidad de que el conflicto pueda dirimirse en el corto plazo, por cuanto el gobierno no ha hecho un ofrecimiento claro y preciso a los reclamos del gremio, con lo cual, muy probablemente, el paro seguirá vigente, y los perjuicios seguirán afectando a los profesionales en particular y en general a toda la sociedad.

“Los profesionales, dentro del contexto que plantea este conflicto, estamos en la peor situación, porque sufrimos todos los efectos, pero no podemos modificar las causas”, concluyó.


fuente: mediamza.com

El Directorio solicitó al Dr. Cesar Franco-Miembro Titular ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A), tenga a bien en la próxima reunión de dicha Institución, promover como tema a tratar dentro del orden del día, que la FACA interceda ante el Ministerio de Educación de la Nación para que dicho organismo gestione un control exhaustivo de los programas de estudio de la Carrera de Derecho de todas las Universidades del País.- 

Este pedido nace motivado primero, en la preocupación por la excesiva cantidad de Facultades privadas de Derecho que proliferan en el medio. A modo de ejemplo, solo en la Ciudad de San Rafael contamos con cinco Facultades de Derecho, tres de ellas a distancia como son la Universidad Blas Pascal, la Fundación Educativa Santísima Trinidad y la Universidad Católica de Salta.

Este pedido nace motivado primero, en la preocupación por la excesiva cantidad de Facultades privadas de Derecho que proliferan en el medio. A modo de ejemplo, solo en la Ciudad de San Rafael contamos con cinco Facultades de Derecho, tres de ellas a distancia como son la Universidad Blas Pascal, la Fundación Educativa Santísima Trinidad y la Universidad Católica de Salta.
Sumado a ello, los programas de estudio varían significativamente de una a otra Facultad, sin ningún control efectivo sobre los mismos ni sobre las modalidades de examen y menos aún sobre quiénes son los profesores que toman dichos exámenes.-

Ante este realidad, y consternados por el nivel académico que existe en los nuevos profesionales que se reciben, vemos la necesidad que se tomen cartas en el asunto de manera seria y contundente con el fin de evitar que se siga llenando las filas de Asociados con personas cuya preparación para enfrentar esta difícil profesión come es el ejercicio de la Abogacía, dista bastante de ser la adecuada.-

Por lo expuesto, y estando entre las facultades de este Colegio como así también de la FACA la de velar por el correcto ejercicio de la profesión que nos nuclea, y asimismo con el fin que no se "comercie" con algo tan importante como es la educación, solicitamos promueva este tema como parte del Orden del día en la próxima reunión de FACA, con el fin que se denuncie esta situación ante el Ministerio de Educación de la Nación para que la autoridades Nacionales tomen la debida intervención que por ley les corresponde.-

El Directorio aconseja a sus Asociados que visto la posibilidad que a partir del día Martes 13 inclusive, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza no declararía la inhabilidad de los días judiciales, es que insta a los Asociados del Colegio a que concurran al edifico de tribunales y realicen todos aquellos actos normales relativos al ejercicio de la profesión.-

En caso que el profesional tenga algún inconveniente en dicho ejercicio solicitamos que ponga  en conocimiento del Directorio esta situación, a los fines que se tomen las medidas que puedan corresponder.-

Sin perjuicio de lo expuesto, el Colegio ha solicitado a la S.C.J. de Mza., la declaración de inhabilidad de los días Martes 13 y Miércoles 14 del corriente, ello en atención a que el índice de acatamiento al paro sería mayor al informado por las estadísticas oficiales.-

Tenemos el agrado de dirigirnos a V.E., con el objeto de hacer llegar el siguiente comunicado elaborado por la Federación de Colegios de Abogados de Mendoza relativa a la crisis en que se encuentra el sistema de justicia.

Que siendo de público y notorio conocimientos, los paros realizados por los empleados del Poder judicial, ya desde el día 26 de marzo hasta fecha, vemos con honda preocupación la situación actual, donde se encuentra comprometida la prestación de uno de los servicios fundamentales que debe prestar el Estado, como es la Justicia. Por lo que ante esta falta de prestación de este fundamental servicio, donde se ven seriamente violados en general los derechos constitucionales de los ciudadanos y en particular los nuestros, como abogados,  operadores de estos Derechos de los ciudadanos, es que formulamos esta declaración y petición. Existe por nuestra parte una gran preocupación, al ver conculcados estos derechos, ante el desarrollo y continuidad de  este conflicto que produce la paralización de los servicios de justicia. Si bien,  igualmente reconocemos  el ejercicio del derecho de huelga,  por parte de un sector de la comunidad, creemos que deberá primar la coherencia, el diálogo y sobre todo el respeto a las garantías constitucionales, para que dentro del marco del derecho se pueda arribar a una solución del conflicto.

Es por ello, que adhiriéndonos a la intención ya manifestada del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial, e invitamos a los sectores involucrados a retomar el dialogo, donde ofrecemos igualmente la colaboración de nuestros colegas y /o la participación de los miembros de esta Federación. Sin perjuicio de ello, y con el objetivo de lograr el restablecimiento de todos los derechos y garantías constitucionales, es que  pedimos y exigimos al Gobierno de la Provincia, autoridades del Poder Judicial y a los respectivos dirigentes gremiales y a los empleados judiciales todos, que depongan todas aquellas actitudes y políticas que provoquen o sostengan el conflicto y encaucen la discusión dentro de los parámetros de la racionalidad, con el máximo grado de prudencia y responsabilidad para con el pueblo de la Provincia de Mendoza.

Nuestras Sedes

Sede Central:  Emilio Civit 257 - San Rafael - 0260-4422972

Delegación Gral. Alvear: Paso de Los Andes 476 - General Alvear - 02625-423814

Delegación Malargüe: Rufino Ortega 688 - Malargüe - 0260-4470087